Fuente: AICA
El organismo episcopal considera que el proyecto incluye «modificaciones sustanciales al conjunto del orden jurídico argentino» y reclama escuchar a quienes serían afectados por las medidas propuestas
La Comisión Nacional de Justicia y Paz (CNJP), dependiente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, dio a conocer una declaración ante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado por el Poder Ejecutivo y el proyecto de ley ómnibus enviado al Congreso.
“El Poder Ejecutivo Nacional ha dictado un Decreto de Necesidad y Urgencia y enviado al Congreso de la Nación un Proyecto de Ley con modificaciones sustanciales al conjunto del orden jurídico argentino, que en algunos casos contrarían la Constitución Nacional y Tratados Internacionales con jerarquía constitucional”, advirtió en el texto.
«Mediante este decreto también se deroga la Ley de Tierras N° 26.737 que pone límites a la titularidad y posesión de privados extranjeros, situación que está profundamente relacionada con la problemática territorial de los Pueblos Indígenas, ya que puede propiciar y acentuar el avasallamiento de sus derechos adquiridos –tal cual señalara Endepa– así como amenazar principios de soberanía territorial», puntualizó.
La CNJP consideró “indispensable que todas las modificaciones que se proponen sean suficientemente debatidas, buscando la construcción institucional de consensos que permita discernir en cada punto la bondad de la medida o su inconveniente en orden al bien común”.
“Las desregulaciones propuestas no todas pueden ser negativas, pero muchas dejan desprotegidas a las personas, especialmente a las más vulnerables, con el riesgo de aumentar situaciones de explotación laboral. Para todo ello necesitamos tiempo para un diálogo honesto y fecundo, que permita sentar las bases de un país integrado. A la vez que, en su tratamiento, se vele por garantizar el bien común; tarea que le compete al Estado por encima de los intereses del mercado y de la especulación financiera”, sostuvo.
El organismo episcopal estimó “imprescindible la participación plena y oportuna de todos los poderes del Estado, conforme lo establece nuestra Constitución Nacional para asegurar un marco republicano, con la escucha a los actores de la sociedad civil, a las instituciones y sectores reconocidos o referentes en temas particulares que de alguna manera son afectados por las medidas propuestas, que pueden aportar para delinear alternativas superadoras, en particular aquellas que afectan a los más débiles, los más pobres, las infancias, los jubilados, las personas con discapacidad”.
“Expresamos nuestra preocupación al tiempo que reiteramos nuestra puesta al servicio incondicional para el desarrollo de los diálogos imprescindibles que permitan dar el debido cauce a las propuestas del Poder Ejecutivo Nacional”, concluyó.
Texto de la declaración
“La verdadera libertad no busca el propio interés, sino que está guiada por el amor y se expresa en el servicio a los demás. Somos verdaderamente libres cuando amamos y servimos gratuitamente a quienes nos rodean, de modo particular a los pobres” (Papa Francisco, audiencia general del miércoles 20/10/ 2021)
El Poder Ejecutivo Nacional ha dictado un Decreto de Necesidad y Urgencia y enviado al Congreso de la Nación un Proyecto de Ley con modificaciones sustanciales al conjunto del orden jurídico argentino, que en algunos casos contrarían la Constitución Nacional y Tratados Internacionales con jerarquía constitucional.
El DNU 70/2023, bajo el nombre de “Bases para la reconstrucción de la Economía Argentina”, modifica un conjunto de leyes oportunamente sancionadas por el Poder Legislativo tanto en materia económica, en las relaciones laborales y del sistema jubilatorio, en contratos entre particulares, privatización de empresas del Estado Nacional, así como normas de protección del consumo interno, entre otras de las 70 temáticas alcanzadas.
Mediante este decreto también se deroga la Ley de Tierras N° 26.737 que pone límites a la titularidad y posesión de privados extranjeros, situación que está profundamente relacionada con la problemática territorial de los Pueblos Indígenas, ya que puede propiciar y acentuar el avasallamiento de sus derechos adquiridos -tal cual señalara ENDEPA- así como amenazar principios de soberanía territorial.
Toda esta normativa entró de hecho en vigencia en forma inmediata, aun cuando no se verifican los requisitos de necesidad y urgencia que configuren la situación de excepcionalidad exigida por el artículo 99, inciso 3° la Constitución Nacional, que prohíbe “bajo pena de nulidad absoluta e insanable”, el ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo.
Al mismo tiempo se remitió al Congreso Nacional un proyecto de Ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” que propone una delegación de facultades legislativas al PEN por un período que podría cubrir todo su mandato, en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social. De aprobarse, se configuraría un posible escenario que dañaría en forma grave la conformación de la República por la afectación del principio fundamental de la división de los poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
El proyecto propone la privatización de todas las empresas públicas; modifica las leyes de Defensa de la Competencia, el Código Penal, el Código Civil y Comercial y las leyes de procedimiento administrativo y de sociedades; deroga la movilidad jubilatoria; establece un flexible y amplio blanqueo de capitales; determina una apertura irrestricta de exportación de productos primarios; modifica el régimen de explotación de hidrocarburos, de protección de la tierra y los recursos naturales, deroga la estabilidad de los empleados públicos; modifica la ley de partidos políticos y el régimen electoral, modifica el régimen de discapacidad, solo por citar algunas de las normas alcanzadas en sus 664 artículos. Para el tratamiento de este proyecto, el PEN convocó al Congreso a sesiones extraordinarias solo hasta el 31 de enero próximo.
Entendemos que las políticas de Estado solo son posibles a través de la construcción de consensos sociales y políticos que forman parte del contrato histórico que la democracia asume como forma de gobierno del conjunto, con un sentido inclusivo, republicano y federal. Recordamos en este sentido que, tal como sostuvieron nuestros Obispos en este diciembre que “la conmemoración de los 40 años de recuperación de la democracia constituye también un tiempo propicio para promover la igualdad ciudadana, para renunciar a toda forma de autoritarismo y escucharnos con humildad y esperanza, cuidando la institucionalidad y la gobernabilidad”, recalcando que es necesario ir a la cultura del encuentro, a partir de la escucha que nos habilita a debatir y superar las diferencias.
Para ello, parece indispensable que todas las modificaciones que se proponen sean suficientemente debatidas, buscando la construcción institucional de consensos que permita discernir en cada punto la bondad de la medida o su inconveniente en orden al bien común. Las desregulaciones propuestas no todas pueden ser negativas, pero muchas dejan desprotegidas a las personas, especialmente a las más vulnerables, con el riesgo de aumentar situaciones de explotación laboral. Para todo ello necesitamos tiempo para un diálogo honesto y fecundo, que permita sentar las bases de un país integrado. A la vez que, en su tratamiento, se vele por garantizar el bien común; tarea que le compete al Estado por encima de los intereses del mercado y de la especulación financiera.
Es imprescindible la participación plena y oportuna de todos los poderes del Estado, conforme lo establece nuestra Constitución Nacional para asegurar un marco republicano, con la escucha a los actores de la sociedad civil, a las instituciones y sectores reconocidos o referentes en temas particulares que de alguna manera son afectados por las medidas propuestas, que pueden aportar para delinear alternativas superadoras, en particular aquellas que afectan a los más débiles, los más pobres, las infancias, los jubilados, las personas con discapacidad.
Expresamos nuestra preocupación al tiempo que reiteramos nuestra puesta al servicio incondicional para el desarrollo de los diálogos imprescindibles que permitan dar el debido cauce a las propuestas del PEN.+
